No hay razones para dirimir responsabilidades disciplinarias, pero sí para tomar medidas contra los mandos que actuaron en la manifestación del 22 de marzo y que “no vuelvan a producirse el número intolerable de policías heridos”. Esas medidas a las que ha aludido el director general de la policía, Ignacio Cosidó, se van a traducir en la destitución del jefe de la Primera Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, además de reestructurar todos los servicios de policía para hacer frente a un posible incremento de la violencia callejera de grupos radicales antisistema.
Ese 22 de marzo se produjo “una violencia y agresividad no conocida” en los dos años largos del Gobierno de Mariano Rajoy. “No hubo fallo en el diseño del operativo, pero sí hubo algunos fallos de coordinación y comunicación en el transcurso de los acontecimientos que impidieron que llegaran a la policía las informaciones adecuadas”. Esas anomalías provocaron que un grupo de policías se encontraran aislados y rodeados por grupos muy violentos, sin que sus compañeros pudieran asistirles a pesar de que tampoco nunca había habido un despliegue policial tan numeroso, con más de 1.700 agentes. Pero no estaban en el lugar adecuado sino que se encontraban en el grueso de la manifestación.
También ha puntualizado que entre 30 y 40 grupos ultras se infiltraron en la manifestación. Entre ellos, ha citado a los denominados Bukaneros, Yesca y la Brigada 13 de Noviembre. "Se constató una escalada de violencia que no había tenido lugar antes y a la que no nos habíamos enfrentado", ha afirmado Cosidó, que, un mes después, comparece este miércoles en la Cámara baja para explicar los enfrentamientos entre los antidisturbios y radicales que acabaron con 101 heridos —67 de ellos policías— y 31 detenidos.
